HISTORIA DE UN EXPOLIO. LUCHA POR LA REVERSIÓN

Aunque pueda parecer que hablamos de un territorio colonial, o  de uno derrotado en una guerra, lo que a continuación me dispongo a relatar son los hechos que están sucediendo en nuestra comarca, Sobrarbe. La «reversión» es una de las injusticias más flagrantes que se puede cometer y está pasando por delante de nosotros sin apenas repercusión mediática, sin que llegue la información tan siquiera a los habitantes de esta tierra. En este artículo se pretende desgranar la problemática, retratar las posiciones de los distintos agentes y sobre todo informar de la lucha que los municipios del Pirineo afectados por construcciones hidroeléctricas están afrontando.

Primero un poco de historia, que nos ayude a situar el problema. Las infraestructuras hidroeléctricas que salpican nuestros altos valles tienen como objeto generar energía, mucha energía, gracias a los importantes desniveles de la agreste geografía y las aguas furiosas que recogen ibones, barrancos y ríos. Allá por los inicios del siglo XX, la creciente industria de muchas ciudades españolas necesita cada vez de más energía eléctrica para llevar a cabo sus procesos, y buscan en las montañas soluciones para conseguirla.

Concretamente en 1918 Hidroeléctrica Ibérica inicia las obras en la cabecera del rio Cinca, con el objetivo de conseguir energía eléctrica para los altos hornos vascos. Un proyecto descomunal que construiría una serie de centrales de generación y líneas de transporte para llevar la energía hasta las industrias bilbaínas. Para que os hagáis una idea más de 2000 obreros trabajan simultáneamente en el valle del Cinca, en un entorno que se transformaba cada día que pasaba. La revolución que las obras supusieron para los habitantes fue colosal. De una economía autárquica y tradicional, con unas vías de comunicación consistentes en caminos y senderos entre poblaciones se pasaba a un boom industrial, en el que muchos jóvenes de la zona encontraban empleos bien remunerados. La construcción de presas, cámaras de carga, centrales, edificios auxiliares, canales… requerían unas infraestructuras adecuadas para el transporte de piezas y por ello las primeras carreteras llegaban al Alto Cinca.

Así pues, una serie de instalaciones entraban en funcionamiento, en la siguiente tabla se ordenan cronológicamente las centrales construidas, señalando la empresa constructora y la potencia instalada.

Tabla 1: Centrales del Alto Cinca. Fuente: Elaboración Propia.

Durante la construcción de las centrales e instalaciones, muchos fueron los puestos de trabajo creados. Al entrar en funcionamiento la necesidad de mano de obra seguía siendo muy importante ya que la gran mayoría de los procesos no estaban automatizados y parte de los vecinos se beneficiaban de este hecho. Del mismo modo, otras afecciones paisajísticas o cotidianas (pilonas, cables, ganado ahogado en canales, ríos con menos caudal, etc) se comenzaban a padecer, pero la riqueza y los puestos de trabajo generados las podían “suavizar”.  Los cambios en la estructura socioeconómica serían irreversibles, sobre todo en las poblaciones afectadas directamente por las instalaciones. El ejemplo más claro fue Lafortunada, que pasaba de tener tan sólo dos casas a principios de siglo XX, a más de 600 habitantes a mediados del mismo.

Conforme fueron pasando las décadas, los automatismos sustituyeron a la mano de obra humana casi en el 100% de las tareas, obligando a los hijos y nietos de los trabajadores a buscar trabajo en las ciudades, dando paso a una población muy escasa y envejecida en la actualidad (apenas 80 personas pasan el invierno en Lafortunada, la escuela cerró en 2008). En el resto de poblaciones de los valles del Cinca y Cinqueta el éxodo de población fue constante en todo el siglo pasado, sólo frenado en los últimos tiempos por la actidad turística.

Por lo tanto, tras un periodo de desarrollo y mejoras, las ventajas de acoger instalaciones hidroeléctricas se fueron disipando, dejando ver con más claridad los inconvenientes que traen. Para colmo, las empresas explotadoras se olvidaron de compensar a los habitantes afectados, centrándose más y más en incrementar los beneficios, eliminando puestos de trabajo, subcontratando los pocos restantes y reduciendo sueldos y prestaciones al límite de la ley. Los municipios tan sólo consiguieron en este periodo que las empresas abonaran el IAE (Impuesto de Actividades Económicas) en la caja local.

La orgía de beneficios solo hacía que crecer, en unas instalaciones que se amortizaron al poco de ser construidas y a las que apenas había que destinar recursos (poco que decir acerca de la factura eléctrica, España es el 4º país con la energía más cara de la UE) . Pero algo se iba a interponer en el camino de las empresas concesionarias, en este caso, tras varios cambios de propiedad a alto nivel, ENDESA. La fecha de caducidad de las concesiones se aproximaba y nuestro responsable Estado se encargaría de tener todo listo para que el mismo día de extinción todas las instalaciones y caudales previstos pudieran ser utilizados por una empresa pública… ¿Seguro? El 12 de julio de 2007 finalizaba la concesión de explotación de Lafortunada-Cinqueta, por lo que los más de 8 millones de euros anuales de beneficio podrían ser destinados al fin a causas de interés público. ¿Que pasó el día 13 de julio de 2007? Todo seguía igual. Aquí comienza una historia inexplicable desde el sentido común, de quiebros y triquiñuelas de todo un Estado y sus “amiguetes”.

Para seguir con la contextualización de todo este atraco vamos a explicar en qué consistían las concesiones firmadas a principios de siglo XX. Básicamente se otorgaba a la empresa poder para utilizar el agua que recogían los ríos Cinca y Cinqueta y unos cuantos barrancos de la cuenca, durante 75 o 100 años (en función de la concesión). Para ello, podían construir a su criterio las instalaciones requeridas en monte municipal y en el Dominio Público Hidraúlico. Al acabar el periodo de explotación las concesiones deberían volver al Estado, así como las construcciones situadas dentro del Dominio Público Hidraúlico. Por otro lado, las instalaciones situadas fuera de ese Dominio Público regresarían a la propiedad de sus antiguos administradores, los municipios implicados. En este caso el ente público gestor es la Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente (MAGRAMA), que realizará la gestión a través de su órgano gestor de cuenca,  la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). Hasta aquí fácil, por un lado tenemos el agua y los elementos pertenecientes al Dominio Público Hidraúlico, cuyo propietario es el Estado, y por otro las infraestructuras e instalaciones ligadas a la explotación de concesiones, que pertenecen a los entes municipales (también Estado, si, pero digamos un poco más accesible a sus ciudadadanos) . Así que ante la reversión lo más lógico parece que ambos propietarios  (municipios y MAGRAMA) lleguen a un acuerdo para seguir con la explotación, destinándose una parte de los beneficios a restituir las afecciones que soportan los municipios y a promover el desarrollo de estos valles, y otra vaya a las arcas de la CHE que con toda seguridad administrará de forma ímproba estos recursos (los municipios franceses situados al otro lado de la frontera tienen acuerdos de ese estilo con la empresa pública EDF).

Pasan los días, meses y años y ENDESA sigue con la propiedad de la central. Asombrosamente, ninguno de nuestros afamados gestores públicos del Ministerio o CHE mueve un dedo por activar el expediente de reversión. Miento, la propiedad si que cambia. En 2009, en una importante operación (de nuevo a altísimo nivel) ACCIONA adquiere casi todas las centrales (Barrosa, Lafortunada-Cinca, Laspuña, Mediano, Salinas, Urdiceto, Grado I y Grado II). ENDESA garantiza a ACCIONA en el propio contrato que conseguirá una renovación de la concesión a más de 25 años, ya que en caso contrario la compradora podría exigir la resolución del acuerdo.

Empieza a oler muy mal, ¿verdad?. Misteriosamente se mantiene la parálisis por revertir la propiedad de las centrales y además la empresa garantiza que nadie le va a tocar las concesiones en un plazo amplio. ENDESA reclama también por cauces legales la prolongación de la concesión hasta 2061 en compensacion de la no construcción del pantano de Jánovas (Sin comentarios, el colmo de la desfachatez, probablemente todo lo que invirtieron allí se lo reembolsaron en el primer año de explotación tras la caducidad). No creo que haya influido en este embrollo alguno de los muchos políticos que copan los puestos de los consejos de administración de estas grandes empresas tras su paso por la función pública…  De todas formas,  la Comisión Agraria de las Cortes de Aragón rechaza por unanimidad esta infame contraprestación. A continuación una pequeña muestra de los políticos que tras “servir” al pueblo ponen su experiencia al servicio de las empresas de las que hablamos.

Tabla 2: Al menos estar bien informados. Cada uno que saque sus conclusiones. Fuente: Elaboración propia.

Tras unos años de margen (las cosas de palacio van despacio…) el 12 de julio de 2013 se inicia el expediente de reversión en Confederación. Tras 18 meses  caduca el plazo de tramitación sin visos de revertir nada (con el expediente ya completo, incluido un informe favorable del Consejo de Estado). A dia de hoy el expediente se ha reabierto pero aún estamos esperando resolución. Lafortunada-Cinqueta sigue esperando y mientras  Urdiceto y Barrosa también han caducado en 2016, pero su gestión sigue a cargo de ENDESA. En este caso si que Confederación ha iniciado ya los expedientes de reversión.  No olvidemos que en el caso de las centrales de menos de 5 MW la resolución del caso corresponde directamente a la CHE.

Los municipios, la Comarca del Sobrarbe, ADELPA, la Diputación de Huesca y las Cortes de Aragón han expresado mediante varias resoluciones su queja al gobierno por las injusticias que el tema produce en las arcas públicas y en los territorios afectados pero el gobierno sigue sin inmutarse. Tampoco se han producido grandes esfuerzos por explicar el tema ante la opinión pública, más allá de alguna charla y algún artículo aislados. Se echan en falta las manifestaciones en voz alta de nuestros máximos dirigentes en altavoces mediáticos, como si se han producido en otros temas a nivel autonómico (la devolución de las Obras de Sigena, por ejemplo).

Para acabar de explicar la problemática del caso hay que tener en cuenta que la lucha de los municipios afectados no es solo por la reversión de las propiedades al Estado, sino que también se batalla por que la gestión de una parte de los beneficios corresponda al municipio. Esto se quiere evitar a toda costa desde el Ministerio y la CHE. Múltiples leyes estatales y autonómicas (de Montes, de Ordenación del territorio, de Aguas) establecen como destino prioritario de los recursos generados por los aprovechamientos hidroeléctricos la restitución económica y social del territorio que los genera. Incluso el nuevo Plan Hidrológico del Ebro, en el artículo 96.2 del Real Decreto 129/2014 de 28 de febrero lo exponía.

Pues bien, en una revisión llevada a cabo por el gobierno en funciones en enero del 2016 (RD 1/2016,de 8 de enero) se modifica el artículo para que por un lado la totalidad de obras relacionadas con los aprovechamientos reviertan al MAGRAMA (las instalaciones fuera del dominio público hidraúlico deberían volver al municipio) y por otro elimina la prioridad del uso de los fondos para la restitución territorial ( todo esto de la forma más sibilina y oscura posible. Si cuela, cuela). En Roman Paladino, la gestión de los fondos la hará en caso de reversión la CHE, que podrá utilizar si así le parece (como hasta ahora) todos los recursos en otras obras en la cuenca (drenajes, nuevos embalses, etc) . Recordemos que  en el organismo de gobierno de la CHE no pintamos para nada los municipios del Pirineo, o al menos así ha sido hasta el momento.

Los ayuntamientos y ADELPA (Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés) han comenzado la batalla jurídica para evitar esta tropelía, pero al final, aunque les asista la razón desde el punto de vista legal, claudicarán ante un Estado central déspota y oscuro. Como ejemplo la penosa desatención del presidente de la CHE a ADELPA, más de un año sin recibir a los representantes de esta institución. A los que de verdad toman las decisiones en este país no les hará ni cosquillas el pataleo de unos municipios despoblados y envejecidos. Mucho mejor y más rentable hacer caso a lo que digan los gerifaltes de las empresas del Ibex, esas de la Marca España. Ellos si sabrán el rumbo correcto por el que debe transitar el país, y no una cuadrilla de garrulos pueblerinos.

A modo de resumen, vamos a ordenar toda la problemática. Por un lado tenemos la incapacidad del Estado Central para revertir a tiempo los aprovechamientos hidroeléctricos, regalando con ello cientos de millones a las grandes empresas eléctricas (solo de la central Lafortunada-Cinqueta el regalo en estos 9 años superará con creces los 50 millones de euros) y por otro, una vez que ven que la situación se torna en bochornosa, buscan por todos los medios seguir siendo dueños y señores de todas las infraestructuras (vía MAGRAMA o CHE) sin tener para nada en cuenta a los municipios y comarcas directamente afectados por las instalaciones, cambiando la ley Ad Hoc e ignorando cuantas resoluciones se hagan a nivel local, provincial y autonómico.

A toda esta inmensa injusticia nos enfrentamos en distintos valles con construcciones del estilo, no sólo en el Pirineo, si no también en otros enclaves de la geografía española. En vez de querer vertebrar el país con reparto de la riqueza en los enclaves donde se genera el recurso, nuestros políticos y grandes empresarios prefieren seguir siendo ellos los que se lo llevan todo. Luego se preguntarán de donde salen el rechazo y el odio que aparecen cada vez más en la gente que se acerca a la realidad.

Recorramos el primer paso, informándonos y arrojando luz a todo este caso. Movilicémonos, luchemos juntos por la dignidad de estas tierras, que están viendo cómo pasa el último tren que les aleje de la despoblación y el olvido total al tener su principal recurso en manos de los señores feudales del siglo XXI.

LEGISLACIÓN APLICABLE

                 Por último, un anexo para los jurídicamente inquietos con un resumen de algunos de los argumentos legislativos esgrimidos:

• Real Decreto 849/1986 de 11 de abril, en el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidraúlico (RDPH).
• Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio. Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA).
• Ley 33/2003 de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP).
• Real Decreto de 14 de junio de 1921, que suprime concesiones a perpetuidad para fuerza motriz.
• Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la administración local.
• Real Decreto 129/2014, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Ebro.
• Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
• Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 12 de abril de 2004 (rec 6245/2001).
• Ley 15/2006 de 28 de diciembre, de Montes de Aragón (LMA).
• Estatuto de Aragón, artículo 72, competencias de la CCAA en gestión de instalaciones dentro del Dominio Público Hidraúlico.
• Ley 7/1999 de 9 de abril de Administración Local de Aragón.
• Ley 8/2014 de 23 de octubre, de modificación de la Ley 4/2009 de 22 de junio, de Ordenación del Territorio de Aragón.
• Proposiciones no de Ley núm 32/16, 75/16 y 142/16, donde las Cortes de Aragón instan al gobierno central a resolver con celeridad el conflicto teniendo en cuenta las poblaciones afectadas.
• Resoluciones de ADELPA, y ayuntamientos, disponibles contactando directamente con las entidades.